Mujeres de Casares tendrán que desplazarse más de 70 kms para ser atendidas en Marbella tras desaparecer el Juzgado de Violencia de Género de Estepona

El portavoz del Grupo Municipal de Por Mi Pueblo en Casares, Antonio Muñoz ´Matías´ha lamentado “enormemente los importantísimos perjuicios que va a suponer a la lucha contra la violencia de género la desaparición” del juzgado de Violencia de Género de Estepona a partir del uno de abril y su integración en un Juzgado especializado de Marbella.
Así, debido a la extensión del partido judicial de Estepona, que llega hasta la Barriada del Secadero de Casares, habría “víctimas de violencia de género que deberían desplazarse a más de 70 kilómetros de distancia con esta medida”.
El dirigente político recuerda que conforme a lo previsto en el Real Decreto 1170/2023 de 27 de diciembre, por el que se determina la agrupación del partido judicial de Estepona y Marbella para los asuntos de violencia sobre la mujer, el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Marbella asume la competencia de ambos partidos judiciales.
“La creación de un único partido judicial para esa materia consecuencia de la comarcalización va a ocasionar muchísimos problemas de desplazamiento a las víctimas de la violencia de género así como a los propios operadores jurídicos. No solo no avanzamos sino que vamos para atrás”, aseguró.
Con el plan para comarcalizar las competencias de Estepona a Marbella, este órgano soportará la carga de unos 278.000 habitantes censados y que pueden superar los 750.000 habitantes en bastantes períodos del año, para un único órgano que ya se encuentra saturado actualmente.
Recuerda que hace semanas el sindicato CISF denunció que “el aumento de los asuntos en el único Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha sido constante en los últimos años, y se ha multiplicado debido al aumento de la población flotante y el turismo tras la pandemia”, una “sobrecarga que no se ha visto acompañada de un incremento de los recursos”. Ello se evidencia en “las desorbitadas cifras que se registran actualmente, con 500 diligencias urgentes, 480 previas, 50 exhortos y 150 asuntos civiles demandantes de violencia en lo que va de año”.
Por último, desde Por Mi Pueblo Casares instó a las otras dos formaciones políticas representadas en el pleno de la Corporación, IU y PP, a que “alcen la voz ante sus compañeros de partido que gobiernan en España y en Andalucía, respectivamente, para frenar este disparate”