La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto el contrato de ampliación del puerto de La Bajadilla de Marbella suscrito en el 2011 con la empresa NAS Marbella, por «incumplimiento grave de obligaciones», al no iniciar las obras ni pagar el canon concesional.
Esta decisión se debe a que el concesionario lleva más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo y no ha pagado el que corresponde a parte del 2015 y del 2016, según ha informado un comunicado de la Junta de Andalucía.
Esta rescisión ha sido refrendada por el Consejo Consultivo, que el 15 de noviembre emitió un dictamen favorable que supone la culminación de un procedimiento iniciado el pasado agosto, después de que en el 2013 se abriera un expediente de resolución que finalmente se archivó.
Según las fuentes, desde los inicios de la concesión se han producido «situaciones irregulares debido principalmente a las reticencias del concesionario a acometer la inversión», a pesar de los requerimientos que ha realizado la Junta a la concesionaria existe un retraso en la entrega del proyecto superior a los cuatro años.
El Consejo Consultivo ha considerado evidente que la entrega del proyecto de construcción es una obligación esencial, ya que, sin el mismo no puede iniciarse la obra objeto del contrato.
El dictamen recoge, además, que no se aprecian causas que justifiquen tal incumplimiento y asegura que la concesionaria presenta alegaciones que no conciernen a la obligación referida y que en todo caso han sido contestadas debidamente por la Administración autonómica.
Por otro lado, el Consultivo establece que la propuesta de modificación del proyecto se realizó más de dos años después de finalizar el plazo para su entrega y que la propuesta fue justificadamente rechazada por la Administración al considerar que se trataba de un cambio sustancial del proyecto básico presentado a la licitación.
El otro motivo de resolución, el impago de la retribución concesional, es una obligación esencial del contrato, y está acreditado un impago por plazo superior a un año que asciende a 1,4 millones de euros.
La Consejería va rescatar la concesión para «dar cumplimiento a la legalidad y promover la ampliación del puerto de Marbella, como medida fundamental para potenciar el desarrollo turístico y la creación de empleo en este municipio, y para ello emprenderá cuantas acciones sean necesarias», han añadido.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque la concesionaria podrá interponer un recurso de reposición ante la Agencia de Puertos de Andalucía en el plazo de un mes o bien interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, una vez extinguida la vigencia del contrato, revertirá a la comunidad autónoma los bienes públicos entregados en concesión.