Según informa hoy EL DIARIO.ES la Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a EEUU de un empresario sueco acusado de estafar a cientos de personas con la venta de artículos que nunca fabricó: un lanzallamas, criptomonedas y teléfonos móviles de última generación. Artículos que comercializaba apoyándose en youtubers e influencers y usando, además, la cara del narcotraficante más famoso del mundo: Pablo Escobar. Los jueces han aceptado poner a Olof K.G a disposición de las autoridades estadounidenses, que le acusan de más de cien cargos penales de fraude, blanqueo y organización criminal.
Este sueco de 31 años, conocido en internet como “El Silencio”, fue detenido el pasado mes de diciembre en un chalet de Marbella. Pero para cuando la Policía entró en la casa, sus andanzas empresariales eran bien conocidas al otro lado del Atlántico. Hace casi una década se había puesto al frente de una empresa llamada “Escobar Inc” cuyo objetivo era gestionar la imagen y el legado del narcoterrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mismo año en que Netflix estrenó una serie sobre su vida.
A lomos del apellido del fundador del cartel de Medellín y de varios influencers, Olof se lanzó a internet para intentar vender sus productos. Poco después de que la empresa ‘The Boring Company’ de Elon Musk vendiera 20.000 lanzallamas, el sueco sacó a la venta cientos de armas similares llamadas “Lanzallamas Escobar”. Musk ofertaba su “Not A Flamethrower” por 500 dólares y Olof decidió sacar el suyo a la venta por la mitad de precio. El problema es que ese lanzallamas con el nombre del narco más famoso del mundo ni siquiera se había fabricado.
Ese fue, según las autoridades de Estados Unidos, el primer engaño criminal de este empresario sueco ahora encarcelado en España. Hasta 236 personas pagaron 60.871 dólares por unos lanzallamas que ni siquiera existían. La operativa fraudulenta, supuestamente, se repitió cuando sacó a la venta unos teléfonos móviles de última generación: el Teléfono Escobar plegable a 349 dólares por pieza. Hasta 2.955 personas desembolsaron un total de 1,15 millones de dólares y los móviles nunca aparecieron, algo similar a lo que pasó cuando sacó al mercado una “criptomoneda física” llamada Escobar Cash.
Ni el lanzallamas ni los teléfonos de lujo ni las criptomonedas llegaban a los que compraban sus productos. Solo unos pocos elegidos tenían acceso a ellos: los influencers y youtubers que los probaban y promocionaban para captar a todas las víctimas posibles. Cuando los clientes empezaban a quejarse de que el lanzallamas o el teléfono no habían llegado, el acusado les mandaba un “certificado de titularidad” sin ningún valor. Mientras tanto, el dinero empezaba a viajar por cuentas bancarias de Estados Unidos, Suecia o los Emiratos Árabes, acabando en manos del empresario sueco, su familia o sus colaboradores.
Según ELDIARIO.ES, el Consejo de Ministros dejó su extradición en manos de la Audiencia Nacional y los jueces acaban de dar luz verde a su entrega a Estados Unidos. Primero fue una sección de la Sala de lo Penal la que rechazó sus alegaciones el pasado mes de mayo con el pleno ratificando la negativa a finales del pasado mes de junio. Olof K.G lleva más de medio año en prisión a la espera una nueva decisión del ejecutivo y mientras decide si lleva su caso al Constitucional pidiendo la suspensión de su entrega.
A lo largo de su proceso de extradición, el empresario sueco ha alegado varias cosas, por ahora sin éxito: que no hay pruebas de la estafa masiva que perpetró usando el nombre del narcoterrorista, que ya fue exonerado por hechos similares en su Suecia natal y que, en todo caso, todo esto sería un pleito civil entre una empresa y unos consumidores insatisfechos, no una causa con más de un centenar de cargos penales contra él.
La Audiencia Nacional ha rechazado sus argumentos y ahora su única posibilidad es llevar su caso ante el Tribunal Constitucional. En las resoluciones que ha podido examinar ELDIARIO.ES, los jueces han rechazado todas sus alegaciones. No fueron “meros incumplimientos contractuales” en la compraventas de los lanzallamas o los teléfonos, y no está acusado por delitos “políticos”.
**Foto de Escobar INC.-