El PSOE de Estepona ha lamentado mediante nota de prensa que el equipo de gobierno del PP siga “falseando los datos relativos a la plantilla municipal para llegar a conclusiones erróneas, fácilmente desmontables, que ni ellos mismos asumen como lógicas con la única finalidad de confundir a la ciudadanía”.
Así, en el balance ofrecido ayer por el propio equipo de gobierno, la concejala responsable de Personal, Pilar Fernández, aseguraba que en diciembre de 2011 el número de empleados municipales ascendía a 1.014 y que, en a actualidad, marzo de 2016, la cifra es de 712. Estos datos, así reflejados supondría la disminución de 2014 efectivos lo “que sorprendentemente trata de omitir la edil es que los servicios municipales que han sido privatizados cuentan con un total de 370 empleados por lo que, aplicando la pura lógica llegamos a la conclusión de que 712 más 370 suponen un total de 1.082 empleados, es decir, ahora con el PP hay más empleados que prestan su servicio al Ayuntamiento si bien a través de las empresas concesionarias”.
Además, a todo ello hay que añadir que durante estos cinco años han sido “muchísimos los empleados que se han jubilado y que, por tanto, deberían haber reducido, aún más, la cifra de empleados municipales” y que el PP ha llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que ha afectado a 176 empleados municipales que “de manera totalmente vergonzosa aún está pendiente de resolución definitiva”.
Esta realidad evidencia dos cuestiones. La primera de ellas es que la privatización de los servicios municipales son más costosos para el Ayuntamiento que la gestión directa ya que además de los salarios de los empleados públicos hay que tener en cuenta el beneficio industrial que obtiene la empresa y el pago mensual del IVA.
Por otro lado, estos datos ponen de manifiesto otra cuestión y es que al ser empresas privadas, aunque sufragadas íntegramente por el Ayuntamiento, el proceso de selección de sus empleados carece de los más mínimos controles de igualdad, mérito y capacidad pese a que el PSOE ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento para controlar este proceder.
Esto supone, en conclusión, que la gestión privada es más cara y, además, está permitiendo la colocación de empleados por la puerta de atrás, a través de las empresas privatizadas, sin el más mínimo control municipal.
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