En una nota de prenaa el PSOE de Estepona afirma «que el Ayuntamiento de Estepona va aprobar el documento más importante del año, el presupuesto municipal, como un simple trámite anual, sin tener en cuenta que debe ser un documento vivo que refleje la situación real». El PSOE de Estepona lamenta que el equipo de gobierno haya diseñado las cuentas municipales de 2021 con un simple «copia y pega» de los presupuestos del 2020, sin analizar, ni sopesar las graves consecuencias de la pandemia mundial que han devastado la economía local.
El primer ejemplo lo encontramos, señala la portavoz socialista, Emma Molina, en la partida de gasto social que pasa de los 140.000 euros de 2020 a 150.000 euros; o la asignación al comedor social que durante años viene siendo de 18.000 euros. «Es inconcebible que un Ayuntamiento no contemple incrementos en estas partidas después de la grave crisis generada por el Covid-19 y no nos creemos su reiterativo, y no por ello cierto, mensaje de que los recursos en materia social iban a ser ilimitados».
El comedor social ha visto incrementado de forma exponencial el número de demandantes, así como las donaciones particulares, pero el Ayuntamiento sigue manteniendo el mismo presupuesto de 18.000 euros y sigue derivando a este servicio a todas las personas que lo reclaman en la delegación municipal de Servicios Sociales.
El segundo indicador del continuismo de los presupuestos municipales es la partida de inversiones. Al igual que para el 2020 se destinan 16 millones de euros, y de nuevo para grandes obras faraónicas, que posteriormente son privatizadas, no generan empleo y tienen escasa rentabilidad para la ciudad y sus vecinos. «Frente a una Universidad pública, apuestan por una privada; en lugar de ceder parcelas para nuevos centros de educación público, regalan terreno para colegios trilingües privados», alerta la portavoz.
En materia de personal, Molina resalta que el equipo de gobierno se ha mostrado cauto respecto al gasto que afecta a la plantilla, pero no a los cargos de confianza. Así no contemplan la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), congelan el sueldo de los funcionarios, no recuperan la jornada de 35 horas semanales, ni los derechos sociales que se recortaron en 2011, pero sorprendentemente aumenta más de un 11% el gasto de los órganos de gobierno y del personal directivo.
También aumenta curiosamente el gasto de empresas externalizadas, cerca de un millón de euros. «García Urbano ha convertido estas empresas en un coladero de personal. Trata de aparentar que la plantilla de trabajadores municipales se redujo con el ERE de 2011, cuando había 1.014 empleados, pero actualmente, sumando a los trabajadores de estas empresas, la plantilla asciende a los 1.184», aclara la portavoz.