El Ayuntamiento de Estepona acuerda el proceso de estabilización de la plantilla municipal

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Con ello se da cumplimiento a la normativa para la reducción de la temporalidad en el empleo público
El Ayuntamiento de Estepona ha acordado con sindicatos el proceso de estabilización de la plantilla municipal, en aplicación de la normativa europea para la reducción de la temporalidad en el empleo público y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.
Asimismo, en dicha negociación con los sindicatos se ha acordado un calendario para eliminar la duplicidad de tablas salariales en el Ayuntamiento y originadas por la existencia de las empresas municipales para la contratación de personal.

**Nota de prensa de CSIF
CSIF VOTA EN CONTRA Y ANUNCIA QUE LO DENUNCIARÁN ANTE LOS TRIBUNALES POR VULNERAR LA LEY Y POR CONTRAVENIR RECIENTES SENTENCIAS

Que los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO, están al servicio de los gobernantes de turno sean de izquierdas o de derechas, es algo hoy en día difícilmente discutible, y el Ayuntamiento de Estepona gobernado por el Partido Popular no solo no escapa a tal realidad, sino que es ejemplo de dicha connivencia político/sindical.
El Alcalde de Estepona, notario de profesión que aterrizó en política de la mano del PP y que alcanzó el poder tras destaparse el caso Astapa, es conocido además de por haber construido el más largo y efímero tobogán de la historia, por su mano dura con los trabajadores, por sus recortes en materia de personal y por haber sido el promotor del primer Expediente de Regulación de Empleo, ERE, llevado a cabo en un ayuntamiento en España.
En el día de ayer el Partido Popular con su Alcalde al frente, acordaba con los sindicatos UGT y CCOO iniciar dos expedientes administrativos de subidas salariales que en algún caso superan los 10 mil euros anuales. Expedientes que carecen a día de hoy de los obligatorios informes jurídicos y económicos y que habrán de ser fiscalizados por el Interventor y Secretario municipales como garantes de la legalidad, ello antes de someterse a pleno municipal.
Entre los agraciados por este incremento del sueldo se encuentran el Jefe de la Policía Local, el Jefe de Recursos Humanos, el encargado de la defensa jurídica del ERE, el responsable de la sección sindical de UGT y parte del grupo de abogados municipales.
CSIF como sindicato mayoritario entre el personal funcionario, reprueba y anuncia acciones judiciales contra lo que consideran no es sino un mal disimulado premio y pago de servicios y favores, cocinado entre bambalinas por CCOO, UGT y el PP.
Considera el sindicato CSIF que se están vulnerando tanto la Ley como diversas Sentencias y pronunciamientos del Consejo Consultivo de Andalucía, y que este ilegal y discriminatorio aumento de sueldo muy probablemente termine siendo declarado nulo por los tribunales lo que obligará a la devolución de las cantidades cobradas con el consiguiente perjuicio sobre las arcas municipales.
Una vez más, y van muchas en el Ayuntamiento de Estepona, los llamados sindicatos de clase CCOO y UGT se alían con el PP para actuar contra los derechos del conjunto de los trabajadores y en mero beneficio sindical y político ajenos al interés general.
En esa misma reunión y por decisión unánime de todos los sindicatos, entre ellos CSIF, se aprobó convocar la oferta de empleo extraordinaria derivada de la aplicación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
CSIF recuerda que la Ley 20/2021 obliga al Ayuntamiento a que las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados estén aprobadas y publicadas en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022; a publicar las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de esas plazas antes del 31 de diciembre de 2022; y a resolver estos procesos antes del 31 de diciembre de 2024.
El Ayuntamiento de Estepona es una de las administraciones locales de toda España, con mayor tasa de abuso de temporalidad, situándose en niveles por encima del 90%en el ámbito del personal laboral, algo que han generado durante años tanto PP como PSOE en connivencia con UGT y CCOO.

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