El alcalde de Estepona apuesta por priorizar la gestión frente a los gestos y plantea en Nueva Economía Fórum una reflexión sobre ‘placebos políticos’

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha intervenido esta mañana en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El regidor ha abogado por la necesidad de una regeneración de la política que permita la percepción real por parte de los ciudadanos de una administración y de unos gestores verdaderamente eficaces. “O diseñamos medidas reales y eficaces o no recuperaremos nunca la confianza en los ciudadanos”, ha señalado.
Apostando, de esta forma, por priorizar la gestión frente a los gestos, ha enumerado una batería de lo que ha denominado ‘placebos políticos’. Esto es, ha planteado una reflexión sobre si en este estos momentos, en lugar de ideas, programas y proyectos que permitan una intervención social eficaz y coherente se está ofreciendo una serie de ‘placebos’ o medidas efectistas para tratar de contentar a los ciudadanos con actuaciones y gestos, “con soluciones que no lo son, pero que –al igual que el medicamento- tienen un poderoso y benéfico efecto sugestivo”.
Ha recordado que en la gestión municipal de Estepona se ha priorizado la gestión frente a los gestos. “El resultado electoral se basa en la mejoría de la ciudad en todos sus ámbitos, en la percepción que mis vecinos han tenido de esa mejoría y en el sentimiento que han recobrado de orgullo y autoestima hacia la ciudad que habitan; no hay que buscar pócimas milagrosas porque no las ha habido. El resultado ha sido el que ha sido porque los servicios han funcionado, porque hemos prestado –con gestión, no solo con gestos- una enorme atención a las necesidades sociales, porque hemos sido organizados y serviciales, muy austeros y muy disciplinados en el control del gasto; y además los vecinos han podido comprobar qué se hace con su dinero”, ha señalado.
Entre las cuestiones planteadas durante el intervención, se ha referido a la transparencia, apostando por ella como “medio para transmitir credibilidad, con medidas prácticas que exhiban el comportamiento de la administración, y que no se queden en el escueto gesto de publicar lo que tiene o lo que debe un político”. Sobre esto, ha señalado que “no garantiza ni un ápice la honestidad del responsable público ni que en su quehacer adopte un trabajo constante y una responsabilidad hacia el ciudadano”.
En relación a esta necesidad de credibilidad hacia la administración, ha apostado por la eliminación de la arbitrariedad en la contratación pública. “Hagamos esfuerzos reales para evitar situaciones de favoritismo, eliminemos la arbitrariedad por vía de la opinión discrecional o subjetiva. Así, no se deja espacio para el enriquecimiento ilícito ni para la corrupción”, ha indicado. En este sentido, ha defendido el sistema de subasta pública donde “gana el concurso público quien puje por hacerlo a un menor precio, así da igual quién forme la mesa de contratación”, exigiendo siempre requisitos de solvencia técnica y económica. Junto a esto, ha abogado por la implantación –en el Consistorio esteponero ya opera- de la administración electrónica para evitar la ralentización en la respuesta a peticiones regladas como licencias y autorizaciones.
El primer edil ha considerado como ‘placebo’ para ver qué alcalde es el que cobra menos dinero; mientras se permiten paradojas como que el sueldo del personal eventual no esté limitado legalmente, ni el de gerentes de sociedades, patronatos o fundaciones públicas. Y lo que ha señalado de extrema gravedad, sobre este asunto, es que el sueldo de los habilitados nacionales (secretario, tesorero e interventor) que han de ejercer el control sobre la administración, esté fijado cada año por los alcaldes y concejales a quienes debe controlar. “Nada adelantamos pagando poco si la gestión resulta desastrosa. ¿Por qué toda una generación de mis vecinos va a tener que soportar la negligencia, la falta de profesionalidad de mis predecesores en el cargo para devolver los 300 millones de euros de deuda, 50.000 millones de pesetas, que existía en junio de 2011 como consecuencia de una nefasta gestión?”, se ha preguntado.
Así, ha defendido un adecuado régimen retributivo unido a un correlativo régimen de responsabilidad. Por ello, ha reiterado la consideración de que sólo con la responsabilidad personal, civil y patrimonial de los gestores públicos por actos lícitos pero de resultado dañoso para los intereses públicos se acaba definitivamente con los desmanes. Como ejemplo, ha citado una sentencia por la que el Consistorio esteponero tiene que responder ahora a una indemnización de 2,3 millones de euros por la inacción municipal de sus predecesores en el cargo, en 2008, tras las denuncias de vecinos del puerto deportivo por ruidos. “Aquí no se obliga a venir a nadie, pero, quien venga, debe saber que puede responder con su patrimonio del resultado de la gestión pública.
El regidor ha apostado además, por la eliminación del aforamiento “¿No es, hoy, una burla inaceptable, el propio hecho de la existencia de personas aforadas? Esto no es ejemplaridad. Este privilegio tuvo su razón de ser en los albores del Estado de Derecho pero mantenerlo hoy es no creer en la independencia del Poder Judicial”, ha agregado. También, ha defendido el acceso de los mejores profesionales a la política y a la vida pública como otra de las vías para eliminar la brecha de desafección ciudadana. “Tendremos una clase política con mayor nivel humano, académico, intelectual y moral, y con un alto sentido de la responsabilidad”, ha considerado.
Asimismo, ha propuesto acabar con los placebos en la gestión pública. Como ejemplo, se ha referido a sustituir los planes de empleo como se han aplicado hasta ahora por los dirigidos a favorecer la integración en el mercado laboral. Para ello, ha propuesto la colaboración entre las administraciones y las empresas privadas para implicar al tejido empresarial y que éste favorezca la creación de empleo; de forma que la administración sufrague la contratación de ciudadanos en las empresas, y al mismo tiempo, estas empresas se comprometan a mantenerlos contratados, como mínimo, por el mismo periodo de tiempo, que la administración haya costeado.
Como parte final, García Urbano ha señalado que “no puede ser sólo que la sociedad reproche permanentemente a la clase política. No vale, de ningún modo, la afirmación —tan extendida— de que todos los políticos son iguales, o que la clase política que padecemos es inservible. Con esas afirmaciones se está, en realidad, repudiando a nuestra propia sociedad. Urge que trabajemos, todos, en esa común tarea de hacer más creíble, digna, predecible, respetada, valorada, e incluso agradecida la labor de los representantes públicos”. “Entre todos podemos conseguir la recuperación ética y moral. No hay necesidad de buscar la solución en las orillas ni riberas del sistema. Es desde posiciones centradas, centristas y liberales desde donde debe surgir la constitución de la nueva política que la sociedad española está reclamando. La aparición de nuevos partidos no significa una nueva política. La mera sustitución de unas personas o de unos grupos políticos por otros, tampoco. Comparto que resultan imprescindibles la reflexión y la crítica, pero no es menos imprescindible la implicación de todos en esta tarea común. España nos necesita a todos”, ha concluido.