La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Estepona ha gestionado durante el año pasado 906 reclamaciones de usuarios que no estaban satisfechos con la atención, los servicios prestados o los productos adquiridos en empresas y comercios, de las cuales el 70% se resolvieron a favor de los consumidores.
La concejala adscrita al área de Comercio, Cristina Cintrano, ha explicado que el 70 % de las tramitaciones fueron resueltas a favor de los particulares, por lo que ha destacado la importancia de que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos como consumidores y de cómo la legislación vigente les protege frente a malas prácticas por parte de empresas.
Lo más típico, más del 40 por ciento de las reclamaciones fueron por problemas con las compañías de telefonía. Problemas para conseguir una portabilidad, facturaciones duplicadas por distintos operadores a un mismo cliente, demoras injustificadas o incumplimientos en los plazos a solicitar un cambio de compañía. También había de electricudad, agua, gas o los transportes.
Por otro lado, las reclamaciones por compras en hipermercados o a distancia supusieron un 10,59% del total, mientras que las quejas por las eléctricas y la banca fueron de un 7,6% y un 6,4%, respectivamente. Las reclamaciones en el sector energético estuvieron motivadas en su mayoría por disconformidad con las facturas y tarifas contratadas. En el caso del sector bancario, las comisiones coparon el grueso de las denuncias realizadas en este ámbito.
Asimismo, los transportes públicos y las contrataciones de viajes recibieron un 4,6% del total de reclamaciones. El resto, se trata de quejas vinculadas con la sanidad privada, talleres de reparación, gasolineras, aseguradoras, academias o contratación de cursos on-line.
Para la edil adscrita al área de Comercio, Cristina Cintrano, el servicio que presta la Oficina Municipal de Información al Consumidor “ayuda a hacer visibles los problemas del consumo, tratando de corregir los desequilibrios que existen en las relaciones entre los usuarios y las empresas; al mismo tiempo que se ofrece a los ciudadanos una garantía de protección frente a los fraudes o la desinformación”.