IU denuncia la larga espera que deben soportar los usuari@s que solicitan ayudas de dependencia en Casares

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) denunció el pasado viernes en el Pleno del Ayuntamiento, a través de una moción, los excesivos tiempos de espera a los que tienen que hacer frente las personas y familias que solicitan ayudas de dependencia en Casares.
La Concejala de Bienestar Social (IU), Rocio Ruiz, durante la defensa de la moción, destacó que, “a pesar de que la Ley establece un tiempo máximo de 6 meses desde que una persona solicita una ayuda de dependencia hasta que la recibe, en muchas ocasiones, la espera se alarga hasta nueve meses o un año”.
Una situación que la edil tachó de “insostenible, puesto que los usuarios y usuarias que la solicitan necesitan ayuda importante para realizar las actividades básicas de la vida diaria y desarrollar su autonomía personal”.
En la moción, IU instaba a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y a la Diputación Provincial de Málaga a recopilar información sobre el número exacto de personas asentadas en Casares ya dictaminadas y con derecho a una prestación que siguen esperando recibir la ayuda aprobada. Con el objetivo de establecer un protocolo de actuación efectivo que redunde en disminuir los tiempos de espera y cumplir, así, con lo que establece la Ley.
Además, se pidió que se aceleraran los procedimientos de los casos de urgencia y emergencia en el municipio para, entre otras cuestiones, evitar que el o la dependiente haya fallecido cuando la Administración le llama finalmente para concederle su ayuda.
Ruiz también señaló que Clece S.A., empresa privada subcontratada que presta los servicios de ayuda a domicilio en Andalucía, “mantiene a muchas de sus empleadas ancladas en salarios muy bajos e, incluso, con reducciones de jornadas”. Razón por la que denunció la falta de mecanismos de control por parte de la Junta y la Diputación para evitar situaciones de precariedad laboral.
La moción fue aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos que acordaron dar traslado de todos los acuerdos al Gobierno Andaluz, al Gobierno Central y la Diputación de Málaga.