El Ayuntamiento de Casares permanece, desde hoy, sin secretario, tesorero e interventor, puestos claves de una administración pública como habilitados nacionales de carrera y cuyo trabajo consiste en facilitar que la acción de los Gobiernos Locales se lleve a cabo conforme a legalidad vigente.
El articulo 2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece:
1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, las siguientes:
a) Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
c) Secretaría-Intervención, a la que corresponden las funciones de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y las funciones de control y fiscalización interna de la gestión
Este hecho se produce tras el traslado “forzado” del interventor y la secretaria a otros destinos en estos últimos días. Cabe recordar que la hasta ahora secretaria del Ayuntamiento denunció que se había eliminado su acceso a los expedientes del programa Gestiona que son «competencia exclusiva» de la Secretaría Municipal.
La secretaria, que ocupaba el cargo desde 2006, indicó que el interventor municipal también tenía estas limitaciones de acceso a la información y que el programa Gestiona se creó para poder disponer de toda la documentación.
La secretaria municipal, del mismo modo, se vio obligada a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de supuestas presiones por parte de miembros del Gobierno municipal con el fin de ocultar información técnica y jurídica en relación con el caso Majestic, obstaculizando así la investigación por parte del órgano judicial competente.
Estos hechos suponen para el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Casares un “auténtico escándalo nacional y evidencian a las claras la situación de despotismo en la que desde hace años está instalado el equipo de gobierno de IU en el Ayuntamiento al que le molesta la mera existencia de la oposición municipal, PSOE y PP, y la presencia de habilitados nacionales de carrera que se encarguen de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente”.
“La única forma de evitar este tipo de atropellos pasa por un cambio de rumbo en el ayuntamiento de mano de las próximas elecciones municipales. Este tipo de conductas no se observaban en la Costa del Sol desde la época más dura del GIL en Marbella”, lamenta el dirigente socialista.
Ante ello el PSOE solicitó ayer mismo, por registro de entrada, la suspensión del pleno extraordinario previsto para hoy, planteamiento que fue aceptado por el alcalde.