Comerciantes del Mercado Municipal de Abastos de Estepona piden la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz

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Un grupo de trabajadores del mercado municipal de Estepona han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar al Defensor del Pueblo Andaluz que medie con el Ayuntamiento de Estepona al objeto
de propiciar una reunión con el alcalde que “no atiende las demandas y nunca se ha reunido con nosotros para tratar este asunto”.

Los comerciantes aseguran sentirse “totalmente engañados” por el equipo de gobierno del PP lo que ha provocado “la pérdida de nuestros puestos de trabajo y cualquier tipo de derecho sobre los puestos que,
en muchos casos, venían siendo regentados desde hace muchos años por nuestros padres y abuelos”.
Los comerciantes manifiestan que “el mercado se estaba muriendo en los últimos años como consecuencia de muchos motivos uno de los cuales es la peatonalización del centro urbano. Aspecto que provocó que la gente no pudiera aparcar cerca, haciendo que la clientela descendiera”.

“Nosotros solicitamos en distintas ocasiones al equipo de gobierno que pusiera en una de las calles cercanas al mercado una zona azul, pero nunca se hizo caso a nuestras peticiones”, lamentan.

Por su parte, desde el PSOE de Estepona se asegura que “el Ayuntamiento tiene el deber moral de oír el parecer de los comerciantes que durante años han estado trabajando en el mercado municipal de abastos y, al mismo tiempo, garantizar que este espacio funcione de manera correcta para satisfacción de vecinos, comerciantes y turistas y no de una empresa privada de Madrid”, aseguran.

Del mismo modo, recuerdan que la mercantil R&A Residencias, S.L., adjudicataria del contrato administrativo especial para la explotación del edificio del Mercado municipal de Abastos, ha remitido una carta a
los comerciantes que aún continúan ejerciendo su actividad en este emblemático edifico por el que les exige el pago de una prima de entrada de 10 mil euros y un alquiler mensual de 2.334,92 euros para
poder continuar ejerciendo su actividad. Además, la citada empresa exige a los comerciantes que opten por permanecer desarrollando la actividad que, en algunos casos, se remontan a décadas un pago
variable en su facturación que va desde el 1 al 5%.

Para el PSOE de Estepona “las condiciones impuestas por la empresa mercantil, con el visto bueno y conformidad absoluta del equipo de gobierno del PP, son tan sumamente abusivas y disparatadas que hemos
de concluir que lo que realmente pretenden es que todos desistan de seguir ejerciendo su actividad profesional y se marchen de manera inmediata por lo que el Ayuntamiento ha puesto en manos de una empresa
de Madrid el tradicional mercado para que lo gestione como crea conveniente”.

“Desde hace años el desprecio profesado por el PP al mercado de abastos era más que evidente: empezó dejándolo morir lenta y agónicamente desatendiendo las lógicas y justas pretensiones de los comerciantes hasta llegar a este funesto desenlace que durará, al menos, veinte años, ya que es el plazo por el que el Ayuntamiento le ha otorgado la concesión a esta mercantil madrileña”, aseguran desde el PSOE local.

Cabe recordar que el administrador de esta empresa era hace escasos meses, según figura en el Registro Mercantil, Dionisio Ramos Martínez, implicado en un escándalo de financiación paralela en la Universidad
Complutense de Madrid, y relacionado también en los casos “Tamayazo” y “Gürtel”.

Los socialistas se preguntan cómo una sociedad cuyo objeto social es la explotación de residencias para todo tipo de colectivos y, en especial los universitarios, pase a explotar un espacio público de
incalculable valor. También quiere conocer cómo aparece esta empresa en Estepona, de qué mano viene el empresario, cuál es su experiencia en el sector y su solvencia.

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