Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6×6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia son las principales reivindicaciones de JUCIL en la provincia de Málaga.
Estas demandas forman parte del programa con el que JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se presenta a las elecciones al Consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio Instituto. Actualmente, el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 30 representantes, de los cuales seis pertenecen a JUCIL.
Pablo Rosa, secretario provincial Jurídico y Redes de JUCIL en Málaga, asegura que “en Málaga nuestros principales desafíos son atender un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas. Como representantes de JUCIL, pedimos a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, cuyo fin es reforzar y empoderar a los guardias civiles de la provincia de Málaga para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen”.
Asimismo, destaca que “el acuartelamiento de Antequera, literalmente se cae, pues “se encuentra en un estado ruinoso con compañeros trabajando y habitando pabellones de los cuales algunos están clausurados por no poder ser ocupados debido al estado de la instalación”. Además, indica que el nuevo cuartel de Antequera, que fue proyectado como una auténtica ciudad de la seguridad junto a la Comisaría de Policía y los Juzgados, sigue paralizado porque “desde la Comandancia en las diversas reuniones mantenidas nos advierten que no es culpa de ellos y que se debe a la falta de intención del Ministerio”. El acuartelamiento del municipio de Cártama también se quedó parado en fase de construcción “debido al incremento de los precios de los materiales de construcción”.
Apunta también que aparte de lo anterior, “existen multitud de carencias en los diversos acuartelamientos, como baños adecuados, armeros y sistemas de seguridad, todo ello debido a la antigüedad y falta de previsión de las instalaciones”.
A nivel de organización, el delegado provincial denuncia que “tenemos por parte de la Comandancia una reiterada negativa a la inserción de turnos como prevé la Orden General”. Se ha trasladado en repetidas ocasiones la aplicación del sistema de turnos, pero “alegan que no existe personal, situación que provoca el descontento entre los compañeros”.
Finalmente, la falta de efectivos se agrava al obligar a muchos de ellos a formar patrullas de servicio con componentes de otras unidades que deben de “desplazarse un buen número de kilómetros solos, con el consiguiente peligro para estos”.
Rosa recuerda que “la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”. Y añade: “un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo”.
JUCIL también reclama un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas. “El principio de autoridad —afirma— está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional”.