Según informa el Diario Sur, una semana después de la operación en la sede de la Triple A, la Guardia Civil ha revelado cuáles son las acusaciones que pesan sobre los responsables de la asociación, cuatro de los cuales fueron detenidos el pasado lunes. En total, son 17 las personas investigadas.
Un comunicado emitido hoy por el instituto armado sostiene que la protectora realizaba sacrificios de animales sanos sin ningún tipo de criterio clínico, por parte de personal no facultativo, pese a tener como política el “sacrificio 0”.
Asegura también que en la documentación intervenida relacionada con la gestión económica se ha detectado, además, desviación de fondos de la asociación para fines particulares, y que los cuatro detenidos están acusados de varios delitos de maltrato animal, intrusismo profesional, estafa, apropiación indebida, receptación, administración desleal, contra el derecho de los trabajadores y pertenencia grupo criminal
El comunicado explica que las investigaciones, que comenzaron en noviembre tras la denuncia de varios particulares, han determinado que la protectora realizaba el sacrificio de animales sin ningún tipo de criterio clínico, sin anestesia previa y en algunos casos aplicando el producto Eutanax en dosis inadecuadas, lo que provocaba sufrimiento para el animal. Además, según la Guardia Civil, sacrificaban animales sanos, incluso muchos cachorros de perros y gatos “que serían fácilmente adoptables, con el fin de ahorrar costes”. Estos sacrificios de animales, relata la nota, eran realizados por personal no facultativo para prácticas veterinarias, quienes también administraban vacunas, realizaban cirugías de castración, tratamientos veterinarios, etc.
La Guardia Civil asegura que en la Triple A se realizaban sacrificios de animales sanos
También se acusa a los investigados de expedir recetas veterinarias utilizando un sello oficial y falsificando la firma del veterinario o las rabias en los pasaportes de los animales para que pudieran viajar al extranjero.
La investigación también se centró en el envío de animales fuera de España, que según la Guardia Civil se realizaba sin respetar los plazos establecidos por la normativa vigente y sin dar la oportunidad a los legítimos propietarios de recuperación de los animales. “Incluso mentían diciendo que los animales no estaban en las instalaciones, extrayendo los microchips de animales con dueños conocidos para implantarles otros y poder darlos en adopción”, asegura el comunicado.
El instituto armado considera también que la asociación desviaba los fondos a fines distintos a los estipulados en sus Estatutos (cenas, comidas, ropa, etc), que eran incluidos como gastos en la contabilidad. “Algunos miembros de la Junta Directiva percibían sueldos a pesar de eran cargos voluntarios y no deberían de percibir remuneración alguna por ello”, asegura el comunicado.
El instituto armado ha informado también que las investigaciones desvelaron asimismo la existencia de varios trabajadores sin contrato o que incumplían el mismo, con el consiguiente perjuicio económico ya que no cotizaban a la Seguridad Social. “Soportaban estas condiciones bajo la promesa de que iban a ser contratados y con la consigna de que en caso de inspección deberían decir que eran voluntarios”, dice la nota.
Según la Guardia Civil, los animales de raza y de pequeño tamaño, muy demandados para la adopción en países del norte de Europa, especialmente en Alemania y Finlandia, nunca eran sacrificados, si no que se enviaban rápidamente a estos países para su adopción. Estas adopciones generaban unos ingresos que rondaban entre los 300 y 350 euros por animal. Este dinero , sostiene el comunicado del instituto armado, no retornaba a España para el mantenimiento de la Protectora, hecho que se encuentra actualmente en investigación.
La Guardia Civil destaca que la Triple A sobrevivía gracias al dinero recaudado a través de donaciones, cuotas de socios y eventos organizados para la recaudación de fondos. “Además era notoriamente conocida por su política de ‘sacrificio 0’, causa por lo que había recibido grandes elogios de particulares y colectivos y numerosas ayudas y donativos de personas que eran engañadas con este tipo de publicidad”.
Las investigaciones se desarrollaron bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, y posteriormente por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Marbella.