La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha aprobado la implantación del modelo de nueva Oficina Judicial en La Línea de la Concepción (Cádiz) y la reestructuración de las de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (Málaga), donde se dividirán los Servicios Comunes Procesales. La Relación de Puestos de Trabajo aprobada inicialmente para cada partido judicial, previa negociación con los sindicatos en la Mesa Sectorial, supone en todos los casos un incremento de plantilla de cuatro funcionarios en la localidad gaditana, cinco en el municipio almeriense y tres en Vélez-Málaga.
La Oficina Judicial consta de tantas Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) como juzgados para asistir a jueces y magistrados en las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. La Línea cuenta con cinco Juzgados de Primera Instancia e instrucción. En total se ha dotado a las UPAD que asistirán a estos órganos con 26 funcionarios (11 gestores procesales y 15 tramitadores), según recoge la orden de creación publicada en el BOJA (https://juntadeandalucia.es/boja/2023/150/33).
Además, incluye Servicios Comunes Procesales que, sin estar integrados en un órgano concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Su ámbito competencial se extiende a todos los órganos del partido judicial.
El Consejo de Gobierno, previa negociación con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Justicia, acordó en 2019 que aquellos partidos judiciales con cinco o más juzgados de Primera Instancia e Instrucción contarían con dos Servicios Comunes Procesales, uno General y otro de Ejecución. Así, la Oficina Judicial de la Línea se crea con esta división y contará con 15 funcionarios para el Servició Común Procesal General (dos gestores, tres tramitadores y diez auxilios judiciales) y 9 para el de Ejecución (dos gestores y siete tramitadores).
En todos los casos, las dotaciones de puestos de trabajo han sido negociadas con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Justicia y la aprobación inicial por parte de la Consejería debe ser ratificada por el Ministerio, si bien solo puede denegarla por razones de legalidad.